Columnismo

Anda, déjame juzgar a mí, que tú no sabes

26.02.2016 @ggnacho 3 minutos

Cuestionar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial es un pasatiempo nacional al que últimamente se está jugando con demasiada frecuencia y excesiva inmoralidad. Cierta institución, esperemos que aún respetada, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contempla como límite a la —sagrada— libertad de expresión la autoridad de la justicia, al entender que, para que las decisiones judiciales gocen de aceptación en sociedad, deben estar rodeadas de un consenso social genérico que hace a los Jueces merecedores de una mayor protección frente a expresiones vejatorias u opiniones insultantes. De momento, ningún representante público ha tildado de “hijo de puta” a ningún magistrado, y casi que podríamos considerarlo un triunfo.

Hablaba el otro día Arcadi Espada sobre el legado de Umberto Eco, quien vino a decir en sus últimos testimonios que las redes sociales “han promovido al tonto del pueblo como portador de la verdad”. ¡Peligro! Lo grave no es que profesemos a los cuatro vientos nuestro sectarismo polarizado e inconsistente, sino que, encima, nos creamos que es lo universalmente cierto. Y así, muchos tuiteros jalean a Errejón and Company cuando éste afirma, muy indignado, que tanto el juicio a Rita Maestre como la detención de los titiriteros vienen a ser meras maniobras políticas con tintes vengativos. Mientras, en el piso de enfrente, tampoco se quedan cortos. Allí, directamente, el Ministro del interior en funciones deja caer que la proliferación de iniciativas judiciales contra el PP en un momento como éste es, cuando menos, llamativa. Fernández Díaz, muy digno también, afirma que no cree en la espontaneidad ni en la casualidad en asuntos como éste. De este modo, votantes y votados se retroalimentan. Los primeros, fieles e irracionales, juzgan con puño de hierro y los segundos se limitan a asentir. Y si a los primeros no les gusta que la verdad salga a luz, ya se preocuparán los segundos de mantenerlos contentos. Al fin y al cabo, el juicio paralelo, por ser masivo, parece legitimarse automáticamente; el judicial queda a merced de los cuestionamientos del saber popular.

Así se desarrollan las cosas: las masas claman al cielo cuando tocan a uno de los suyos y los políticos, esclavizados por una opinión pública empobrecida y cada vez más radical, les siguen la corriente. Y es que al final, en una época en la que la posibilidad de escudriñar cada movimiento de los personajes de relevancia pública es algo al alcance de todos, el no comulgar con las bases que deberán llevarte en volandas más adelante se torna en suicidio irremediable. ¡Los principios y el sentido común para los moralistas! Si el pueblo está maleducado, allá vamos a reírle las gracias. Porque, a fin de cuentas, están en juego los votos, y a la fiesta de la democracia hemos venido a bailar.

Sin embargo, lo preocupante es quién se lleva aquí las hostias. Quiénes han de soportar estoicamente el incesante runrún que recorre España, como si del fantasma del que hablaba Marx —pero en versión autóctona— se tratase. Me temo que intuyen la respuesta. Si los jueces ya tienen que lidiar de por sí con innumerables presiones derivadas de su actividad profesional, la inclusión de otras de origen político puede hacer tambalear los cimientos de la justicia con fuerzas inusitadas. En este sentido, son esclarecedoras las palabras de Jesús Villegas, entrevistado en el último número de Papel (El Mundo): «La independencia judicial existe sobre el papel. Nuestro ordenamiento jurídico está trucado. No me llaman para dictarme una sentencia, pero si investigo a un político de un partido, ese mismo partido, que ha nombrado a mi “jefe”, puede expedientarme».

Así todo, y que quede como anécdota, algunos han corrido a tildar las medidas imprescindibles para Ciudadanos en sus negociaciones para la investidura como puramente cosméticas. Entre ellas, la despolitización del Poder Judicial. Ver para creer.

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