Columnismo

La huelga no huelga

02.03.2016 3 minutos

El pasado martes, 9 de febrero, comenzaba en Getafe el juicio contra los ocho sindicalistas de la compañía Airbus situada en la localidad madrileña. Ocho trabajadores para los que el Fiscal solicita ocho años de cárcel. Ocho trabajadores que ven el tiempo correr en su contra e imaginan inundados de temor su posible y difuso futuro lejos de sus familias. Ocho trabajadores que desean que, ojalá, todo fuera una broma macabra del número ocho.

Era miércoles 29 de septiembre de 2010 cuando tuvieron lugar los altercados por los que ahora se sientan en el banquillo ante un Juez más que dubitativo y un Fiscal tan frío como la mañana de los hechos. Se trataba de la octava huelga general de la democracia, y tenía como objeto la protesta contra la reforma laboral, la reducción salarial en el sector público y la congelación de las pensiones. Medidas más fruto de la presión europea que de la propia voluntad del ejecutivo socialista.

El Ministerio Fiscal, tal y como afirma el artículo 124 de la Constitución, tiene encomendada la principal función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley. Sin embargo, ¿hasta que punto se está, en este caso, defendiendo el interés público? Más parece una persecución a la acción sindical que una verdadera defensa del interés público. El Fiscal, en el escrito de acusación, afirma que los ocho trabajadores, actuando de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la integridad ajena, procedieron a intimidar a los compañeros que pretendían acceder al recinto. Una versión de los hechos lejos de la realidad.

El acusador estima conveniente la aplicación del artículo 135.3 del Código Penal, que establece que serán penados quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Un artículo más que discutido y debatido en la doctrina penal española, y que los sindicatos han pedido en mas de una ocasión derogar por considerarlo más propio de regímenes predemocráticos que actuales. Es verdaderamente difícil encuadrar tal supuesto de hecho nítidamente y sin discusiones.

A veces, irónicamente, algunos parecen no tener memoria, o quizás solo quieren tenerla para lo deseado. Quizás es que algunos prefieren responden al interés de quienes precarizan día tras día el trabajo con el beneplácito del Gobierno y no a ese supuesto interés público tutelado por la Ley que, según Fiscal, está siendo violado en esta ocasión y que deben proteger por imperativo constitucional.

No caigamos en engaños legalistas, no todo lo que se enmascara con un carácter legal es justo. Hay un único y claro propósito; criminalizar la huelga y la protesta, cubrirla con un tupido velo negro con olor a rancio propio de épocas pasadas que no deje ver las injusticias y desigualdades que ocurren todos los días en los centros de trabajo. Un ataque y derribo continuo a la lucha sindical. Que nadie se atreva a levantar la voz, que nadie grite, que haya silencio. Si nadie se mueve, nadie se sentirá atado.

Creen, falsamente, que reprimiendo la voz en la calle la gente se callará. Quieren que la gente tenga miedo, y esto no es sorprendente; al fin y al cabo gobiernan con él. Sin embargo, el único miedo que deberían tener es que la gente pierda el miedo. Lapidan con orgullo y satisfacción derechos que han costado tanto sudor y sangre conseguir. Quienes aquí reprimen a los sindicatos dan con efusividad lecciones democráticas a otros países.

Huelga es democracia, huelga es libertad. La huelga no huelga.

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