Columnismo

Surco de letras

Presos por sus delitos

07.11.2017 @toniiasenjo 2 minutos

La izquierda nacional-populista anda envuelta en un sinfín de connotaciones lingüísticas, carentes de razonamiento y vacías de realismo. Así es, el entramado de candidaturas populares que engloba Podemos, en sus distintas vertientes, ha sido cómplice de un desafío independentista cuyo desenlace no podía ser otro que el abismo por el que aún hoy se despeñan los dirigentes secesionistas. De hecho, la ambigüedad en torno al procès les ha llevado a la ruptura con sus socios catalanes. Y de esa corriente con la indeterminación como eje nace el término “presos políticos”, es decir, aquellos individuos que son encarcelados y juzgados por incumplir reiteradamente las sentencias del Tribunal Constitucional y, por ende, las leyes vigentes en un Estado de Derecho.

Las convicciones separatistas son lícitas en cualquier democracia, también en la española; otro debate es que puedan ejecutarse dentro de un marco jurídico que de momento no lo contempla. Al menos hasta que una reforma constitucional permita lo contrario. Por tanto, en este caso el fin no justifica los medios y los Junqueras y compañía están en Soto del Real porque han pretendido quebrantar, sin éxito, las normas que paradójicamente les permiten expresarse libremente y sembrar el odio en la sociedad catalana. En España no se apresa por ideas, ni por concepciones diversas, pero sí por poner en riesgo las libertades y los derechos que desde 1978 rigen la convivencia cívica.

Conviene aclarar que aquí no hay presos políticos, esencialmente porque los delitos de sedición y malversación sí están tipificados en el Código Penal. Con más razón cuando hay riesgo de fuga, mientras Puigdemont sigue con su tour del ridículo internacional y se acobarda cuando se topa con la justicia. Ha fracturado Cataluña, votó una declaración unilateral de independencia en secreto por miedo a ser condenado y ha dado la espalda a quienes, como él, alentaron un clima de confrontación impropio de cualquier conciencia cabal.

Insisten en el diálogo como solución del enigma, pero en ningún caso debe iniciarse a costa de ofrecer impunidad a quienes, además de las advertencias, incluso han vulnerado el propio Estatuto de Autonomía. La aventura por la ilegalidad exige responsabilidades penales si así lo determina un juez y, si conocieran la consideración, una rectificación de todas las ficciones que llevan prometiendo desde que se iniciara este salto al vacío. Pero claro, el sentido común se cuestiona cuando hasta Otegi se convierte en mártir de la causa.

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