Cultura y sociedad

Por construir una vida

"Si tan grave es el delito que hemos cometido, ¿por qué no vino nadie a decirme que esto era ilegal cuando estaba construyendo la casa? ¿Por qué han dejado que incluso viva en ella? ¿Por qué pueden hacer que este diseminado pase a ser protegido y no comunicármelo? ¿Por qué mi casa sí y la del vecino no?"

04.11.2018 18 minutos

-Buenos días, ¿es usted el propietario de esta casa?

-Sí, soy yo.

-¿Está haciendo obras?

-Sí, bueno, solo terminando de alicatar el cuarto de baño.

-¿Tiene permiso de obra?

-No, aquí no lo conceden.

-Pues entonces tengo que denunciarle.

 

Para que este policía llegara a la casa de la protagonista de esta historia tuvo que circular sobre carriles, y no carreteras. Superar el atasco de algún rebaño. Y escoger a cada minuto entre varias direcciones que, a simple vista, son iguales. Se desplazó hasta la última calle de la barriada malagueña de Santa Rosalía – Maqueda, cercana al Parque Tecnológico de Andalucía. Una vez allí, siguió el carril asfaltado hasta llegar a una bifurcación de otros tres carriles. Eligió el de en medio y llegó a la división en otros tres. Ahí continuó todo recto, pasando por un aparcamiento de camiones con carpas blancas cuya estética chocaba con el resto. Tomó la curva cerrada y sin visión a la derecha y en unos 300 metros, cuando comenzaba el carril de tierra, llegó a la casa de Luisa, a Locota, el hábitat rural número 16 del distrito de Campanillas.

Ese día, el día en el que los ladrillos de esa casa empezaron a temblar, fue en julio de 2006. José Manuel, el marido de Luisa, estaba terminando de alicatar el baño de una vivienda ya construida desde hacía 15 meses. Parecía acogedora: pintada de amarillo vainilla, con las rejas como botellas y con un pequeño porche. Solo una hormigonera en el terreno daba pista de que aún le faltaba algo de obra. Ante la llamada de un hombre que por la voz parecía su suegro,  José Manuel salió con el palustre en la mano a abrir el portón de madera recién colocado. Para su sorpresa, era la Policía Local.

“Yo sabía que esto no era nada bueno, me asusté, pero tampoco creía que llegaría a ser algo tan gordo. Era consciente de que no teníamos permiso de obra, pero en este diseminado la forma de tener una casa en tu terreno era hacerla y, tras cuatro años, prescribía y se quedaba en fuera de la ordenación, pudiendo vivir como en cualquier otra parte. Era lo que hacía todo el mundo”, relata José Manuel. Fueron tres meses los que intentó recabar información entre los vecinos y la asociación del diseminado, sin hacer mucho más por algo que pensaba solucionar pagando por no disponer de permiso. Entonces, llegó una multa con el siguiente asunto: “Delito contra la ordenación urbana”.

 

En el año 2002, la Junta de Andalucía crea la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) estableciendo que construir en suelo protegido ya no sería una falta, sino un delito. En la misma ley, argumentándose en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) también consideró que este diseminado debía estar protegido, al igual que otras muchas zonas andaluzas. Hecho que varios vecinos consideran basado en el problema urbanístico de Marbella durante el mandato de Gil y en la distribución urbana de Sevilla, sin tener conocimiento de las circunstancias especiales de otras provincias y sin desarrollar argumentos para las casas ya construidas o en construcción. Generando con ello un problema social que compete a más de 400.000 viviendas en Andalucía y al que solo se le han puesto parches con 12 actualizaciones que no dan solución a los ciudadanos.

Luisa Alarcón es madre de tres niñas, de dos por entonces. Tiene una gran familia. Nació hace 48 años y es la quinta de ocho hermanos. José Manuel ha sido su primer y único amor. Trabaja limpiando la cafetería de una de las facultades de la UMA, mostrando a ratitos su verdadera profesión a algún alumno simpaticón. Ella es cantante y así lo ha sentido siempre. De hecho, canta en un grupo flamenco con sus hermanas y su hija mayor a la percusión. Siente la música y le gustaría solo trabajar de ello, pero las circunstancias económicas hacen que cada día llegue casi a las diez de la noche deseando dar un abrazo a sus niñas y acostarse. Es una mujer de carácter,  con muchos principios. También cachondona. Y en esta ocasión, inocente. Pensaba que esa denuncia nunca llegó a presentarse realmente, que había quedado en nada. Ya estaba tranquila, acomodándose a su casita de campo. Su marido se lo ocultaba primero, por no hacerla sufrir; segundo, por desconocimiento de la gravedad del asunto. En diciembre de ese año había nacido Manuela, su hija pequeña. Le salieron los dientes, dijo papá -su primera palabra-, logró correr casi antes que andar, tuvo varicela, aprendió a llamar a los perros con la mano, plantó con ayuda la primera hortaliza del huerto y su pelo negro y liso al nacer se volvió rizado. Ya tenía dos años, y el proceso judicial de su casa había avanzado a la vez que sus pasos. Lo que parecía un chispeo, se había vuelto una terrible tormenta que se aproximaba a la familia. José Manuel vio que era necesario contarle la triste realidad a su esposa. Después de poner la multa en manos de un abogado y echar algunos recursos que no pararon el proceso, las expectativas eran muy negativas y fue citado para juicio. El único al que debió asistir.

En un lugar llamado Ciudad de la Justicia, en el Penal 5, se iba a contemplar la opción de dejar sin vivienda a una familia, cumpliendo lo que para los vecinos de Locota es lo contrario a  lo que entienden por justo. Allí Luisa solo fue público; el acusado era su marido. En media hora y no más de tres preguntas a Jose, el magistrado había tenido suficiente información para en tres meses dictar sentencia. “¿Cuál es su profesión? ¿Es responsable de la construcción de esta vivienda? ¿Tenía conocimiento de estar construyendo una vivienda ilegal?”.

Para Luisa es indescriptible lo que vivió, no podía creérselo. Vino a vivir al campo buscando la paz, para acabar con la depresión que le ahogaba entre las paredes de ese tercero sin ascensor en una barriada del centro de Málaga. Su matrimonio estaba deshilachado y no tenían fuerzas para llevar el estrés de un negocio propio. Dejaron todo y en 2005 decidieron mudarse a una casa entre tierra y plantas donde cuidar de su segunda niña recién nacida y enmendar su amor. “Esta sentencia suponía romper todos los esfuerzos que habíamos hecho por ser felices. Mi niña mayor tenía once años y la había cambiado de colegio, para la mediana era su primer año de cole y cuando me enteré ya tenía a mi tercera hija”, cuenta Luisa con la barbilla temblorosa. Y es que en esta búsqueda truncada de la felicidad, las soluciones tampoco parecían fáciles. Después de todo por lo que había pasado, no podían obligarla a volver a vivir en ese piso, le tenía fobia. Y ya había iniciado una vida allí, para sus hijas ya era su hogar.

En 2008, Luisa comprobó que tiene más fuerza de la que pensaba; prefería batallar derrumbada a que fuera su casa la que lo estuviera. Empezó a abrir baúles que parecían vacíos, pero que mostraron años de esperanza. Debía luchar por hacer justicia y no perder su vivienda.

 

Comienza la lucha

“Me recorrí cada casa preguntando quién estaba denunciado. Encontré más de los que me hubiese pensado. Había un problema que nadie estaba resolviendo y del que no estábamos informados”, cuenta Luisa, que no era apoyada por la directiva que la asociación vecinal tenía. Los plazos pasaban y necesitaba ayuda para unir a toda esa gente por una causa común. Solo en Locota, en un diseminado 1.200.000 metros cuadrados, hay unas 350 parcelas con unas 300 viviendas y contabilizados unos 100 expedientes administrativos y penales, entre ellos el de Luisa, uno de los  más complicados. Entonces conoció a María del Mar Vázquez, que también tenía su casa multada. Ambas tenían grandes iniciativas y decidieron agotar todas las posibilidades. “Convocamos elecciones y echamos a la directiva. Fui nombrada presidenta y Luisa, vocal. Recorrimos otros pueblos de Málaga con problemas similares buscando pasos que dar. Y no solo eso, también supimos que pasaba en poblaciones de otras provincias. Por eso formamos la Asociación de Viviendas Irregulares de Andalucía, de la que soy presidenta. Teníamos que unir como fuese a toda esa gente”, relata María del Mar, presidenta también de esta creación. Así, cada viernes hacían reuniones en un pueblo distinto. Mijas fue uno de los más visitados, y también adquirieron ideas de extranjeros que tenían el mismo problema en la Axarquía. Para presentar este proyecto, estuvieron respaldadas por Álvaro Ruiz, abogado con experiencia en el ámbito del Derecho Urbanístico, que tomaba con ejemplo otras iniciativas a nivel andaluz que podían ayudarles para comenzar un plan de regularización de la zona; la única opción para que su defendido con el caso más avanzado, el marido de Luisa, no cumpliera su quino: perder su casa. En este plan aportaron fotos aéreas para la configuración del inventario de viviendas, un plan de habitabilidad demostrando el buen estado de las viviendas construidas, y alegando que el suelo desde 2002 con especial protección, lo era para conservar el medio rural de regadío sin tener en cuenta las familias que habían construido vidas o estaban en ello. Trámites que tenían el precio de ocho euros al mes por socio desde 2010. Un total de 750 euros por vecino para la regularización -cantidad que consideran baja si así salvan sus casas-.

Como problema social, sentían que debían protestar y apoyar a los otros pueblos de los que conocían el problema. La primera huelga por Locota fue en el centro de Málaga y durante esos años también acudieron a la de otros paisanos. Querían la atención de las administraciones. Y qué mejor que en el Día de Andalucía. Crearon la idea y la montaron en uno de los tres autocares que se trasladaron a Sevilla cargados de vecinos. Llevaron carteles e hicieron un recorrido para dar a conocer la circunstancia que, por otro lado, tampoco había tenido gran protagonismo en la agenda mediática. Querían que se diera reconocimiento, pero también centrar sus esfuerzos en la denuncia argumentada y con una base legal.

Hasta hace poco, Locota no ha existido para Correos. La moto amarilla nunca ha pasado por aquí. Podría echar días localizando destinatarios. Por eso todos los buzones están ‘abajo’, al lado de la parada de autobús, antes de comenzar el barullo de carriles, donde termina la barriada y empieza el campo. Antes de eso, la maniobra era tener como domicilio la vivienda de un familiar. Este hecho hizo que la peor noticia, la  que urgía saber si se daba el caso, se retrasara. El juez había dictado sentencia negativa y este fue su fallo:

 

Que debo condenar y condeno al acusado como autor criminalmente responsable de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado y penado en el art.3192 del Código Penal, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de SEIS MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y DOCE MESES DE MULTA con una cuota diaria de SEIS EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de SEIS MESES DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD; con expresa condena en costas. Firme que sea la presente resolución procédase a la demolición a costa del condenado de la obra ilegal verificada, requiriéndole al mismo para que en el plazo de TREINTA DÍAS verifique la misma, con apercibimiento del auxilio de la autoridad administrativa para verificar la demolición en caso de ausencia de cumplimiento voluntario.

 

“Esto fue un 17 de noviembre, pues el 20 fuimos tres veces a la Ciudad de la Justicia, intentado que nos recibiera el juez, y la última salió su escribiente y nos dijo: ‘El juez no habla con condenados’. Me volví loca. Si tan grave es el delito que hemos cometido, ¿por qué no vino nadie a decirme que esto era ilegal cuando estaba construyendo la casa? ¿Por qué han dejado que incluso viva en ella? ¿Por qué pueden hacer que este diseminado pase a ser protegido y no comunicármelo? ¿Por qué mi casa sí y la del vecino no? Aunque haya cometido la ilegalidad por desconocimiento, acepto mi culpa. No me niego a pagar multas y pago la contribución igual que cualquier casa legal. En ningún momento me hice la casa en el campo para vivir en una especie de paraíso fiscal. Me he hecho una casa de 70 metros cuadrados para vivir con mi familia. No tengo piscina, ni césped, ni un techado para dar sombra a mi coche. Y los azulejos para el porche los tengo guardados desde que nos denunciaron”, relata Luisa acongojada. Quedarse sin su casa también suponía un gran problema económico. El matrimonio había depositado todos sus ahorros en esta vivienda, rehipotecaron su piso pagado hacía muchos años para esta nueva vida. Luisa no podía imaginarse cómo seguir hacia delante con tres hijas, el sueldo de su marido, una hipoteca hasta los 66 años, sin casa y sin poder vender hasta entonces su piso, ya que podía ser considerado por el juez como una estrategia para alegar que era su vivienda única. Ahora, sin cobrar el alquiler, no podían salir hacia delante. Ante estos días que quedaban, mientras se reunían con María del Mar y el abogado casi todos los días, Luisa no se planteaba sacar nada de su casa. Si venían “las máquinas” no se lo iba a poner fácil. Y no vinieron. Consiguieron, demostrando que el diseminado había presentado un proceso de regularización al Ayuntamiento y la Junta, que la Fiscalía parara esa demolición durante dos años.

Ese tiempo se duplicó y la ejecución de sentencia se iba alejando a sabiendas de que en algún momento ese boomerang volvería a su destino. Mientras, los veranos calurosos y los inviernos de charcos congelados pasaban con menos suavidad que en la costa. El mar no llegaba para evitar que la rutina de cada mañana antes de ir a trabajar fuera la de llenar un cubo  de agua con la manguera y echarla a los cristales congelados del coche.

Llegó un año nuevo, 2014, pisando tan fuerte que destruyó una casa. Un matrimonio de unos 35 años vecino de Luisa, al que le habían pasado los plazos judiciales sin echar recursos similares a los demás vecinos, salían desalojados por la Policía Local a las 8 de la mañana con su hija de 15 meses en brazos. Era un 2 de febrero. Centenares de vecinos acudieron al terreno para apoyar a la familia e intentar impedir la demolición. No fue posible. Según recuerdan, se despertaron por llamadas de otros vecinos, alarmados cogieron un abrigo y corrieron al encuentro. Esperaban que ocurriera el día de antes y tranquilos en que se habría parado el proceso, no  tuvieron tiempo de organizarse esa mañana. Para Luisa fue un momento muy duro, además de que un vecino se quedaba sin vivienda, la posibilidad de perder su casa se había materializado ante sus ojos. Su ánimo estaba desabrigado, al igual que el de su marido, que cada día durante más de ocho horas trabajaba entre ladrillos y cemento. Todavía tenían plazos a los que sujetarse, pero sabían muy bien que detrás de ellos siempre había noticias negativas. Y no se equivocaban.

 

18 meses de paz

En junio de 2017, el fallecimiento de una procuradora evitó que una notificación llegara a tiempo al abogado de la familia. El proceso continuaba su curso y el juez había dispuesto pasar el caso a urbanismo, que en cuanto aceptara, podría demoler la casa. “El 18 de junio me llamaron de Asuntos Sociales, que me habían concertado una cita para filmar la solicitud de ayuda para una vivienda de alquiler. En ese momento se me cayeron todos mis planes de verano e incluso de futuro. Pensé que ya había acabado nuestra suerte. No entendía de pronto esa notificación, sin haber sabido antes que ya estaban otra vez moviendo hilos”, relata Jose Manuel. 20 días después, siguieron ocurriendo cosas que hicieron que la lucha de ambos se fuera desvaneciendo: “Nadie puede imaginarse lo duro que es que tu hija te llame llorando diciendo `mamá ha venido la policía a la casa preguntando por papá, me han pedido su número porque debe presentarse inmediatamente en comisaría’. Estábamos desesperados, mi marido tuvo que ir hasta en el turno de trabajo porque no se sabía qué pasaba. Era para darle en mano esa carta que llegaba tarde comunicando el paso”. Desestimados los recursos presentados desde 2008, con sello del 25 de julio de 2017, el juez disponía que la empresa adjudicataria de la Gerencia de Urbanismo debía `proceder a la demolición de lo indebidamente construido’.

El verano de pronto se hizo oscuro, el miedo quitaba todo el sentido a disfrutar de las vacaciones. El portón del terreno, ese por el que no se preocupaban si dejaban abierto cuando estaban en casa, ahora se abría lo preciso para salir con el coche. Pronto podría llegar una carta que anunciara lo que más temían y si hacían como si no estuvieran en casa, al menos ganarían días o semanas mientras contactaban con ellos. También el móvil tuvo un uso diferente. Ahora no cogían las llamadas cuando escuchaban el sonido. Esperaban a mirar qué número era y no cogían a los desconocidos. “Cuando eran números muy largos era una mala señal, no lo cogíamos y rápidamente se lo comunicábamos al abogado.  Varias veces no era del Ayuntamiento, sino de El Corte Inglés, para renovar un seguro. Era ya casi obsesivo”, recuerda Jose Manuel.

En ese punto del verano, en julio, las hijas menores pidieron a sus padres ir a un evento nuevo en su barrio, la noche en blanco. Luisa accedió, su estado de ánimo no podía influenciarle a ellas. Estando allí, dijeron que en unos diez minutos vendrían concejales y quizás el Alcalde para inaugurar este evento nuevo en el barrio. La maquinaria la luchadora se activó. Sobre uno de los bancos de madera en el parque y con un bolígrafo y un folio prestados por una persona de los puestecillos, su hija mayor escribió una carta guiada por sus padres.  Acabó rápido, la leyó y fue Luisa la que se dirigió al concejal para pedirle, mirándole a los ojos, que por favor hiciera llegar esa carta al Alcalde lo más pronto posible. Los trazos desiguales de palabras escritas desde la desesperación tuvieron respuesta.

A los cinco días, llamaron a Jose Manuel del Ayuntamiento de Málaga. Francisco de la Torre conocía el problema de las familias de Locota y al leer esa casa consideró que debían ser escuchados. Así se lo hizo saber Rosa, su secretaria, que atendió a la familia dos semanas después, recalcando que lo que contaran sería comunicado al Alcalde; pues así lo había pedido. Las hijas pequeñas se quedaron en el pasillo, en el banco justo al lado de la puerta. Luisa, Jose y su hija mayor entraron al despacho. El matrimonio lo decidió así, consideraban que era una cuestión de familia y aunque debían acudir todos, solo entraría la mayor. “Yo con los nervios no me explico muy bien y ella sabe todo lo que hemos pasado. Me ayudó el día de antes a apuntar todo lo que queríamos explicar y organizar todos los papeles que llevaríamos, esto era muy importante”, dice Luisa, que recuerda que el mensaje de la funcionaria fue tranquilizador, que ella misma admitió que es una zona en vías de legalización y que sería algo muy excepcional que se derribase otra casa allí y también que “el propio Alcalde no quiere que se derrumben casas, que él es el último en firmar para que la demolición se lleve a cabo y no lo hará hasta que se le eche la prensa encima”.

La situación era crítica para Luisa y también otros vecinos de Locota. A cinco familias les reclamaba ya el fiscal la demolición. Tenían impugnado el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), del que todavía no había salido sentencia. La única opción que veían por tener en cuenta era contar el problema a Europa. En septiembre de 2017, pidieron medidas cautelares para que no se demuelan viviendas hasta que no termine el proceso de regularización. Esta petición ya ha sido aceptada y trasladada al Gobierno Nacional, que tendrá que buscar soluciones a través de acuerdos con la Junta de Andalucía para que sea Naciones Unidas quien dé la última respuesta. Y así, con esta iniciativa, han conseguido parar el final dramático que podía tener ese verano, luchando incansablemente.

Fue el día 4 de octubre de 2017, cuando a Luisa le comunicó su marido que tenía 18 meses de paz absoluta, tiempo en el que la justicia se comprometía a no dar ni un paso más hasta el cumplimiento del mismo. “Me iba a dar algo, fue una sensación como de respirar cuando te estás ahogando. Me lo dijo mi marido y lo primero que hice fue decírselo a mi hija mayor y después a tres de mis hermanas. Me puse como loca. Yo ya estaba en un punto que no quería ni limpiar la casa, decía: ¿para qué voy a pintar? ¿Para qué voy a limpiar a fondo o cambiar algún mueble? Era desesperación”. En el punto jurídico en el que estaba el asunto hasta la fecha, 18 meses era un tiempo muy importante en el que respuestas que llevan años esperando podían llegarles. “He recuperado la ilusión, es más, al día siguiente me hinché de limpiar. En estos 18 meses creo que se puede solucionar el asunto o, al menos encontrar soluciones, más recursos a los que agarrarme para poder vivir en mi casa”.

María del Mar fue el pulmón de este respiro. Ahora que estaba estudiando aquello que siempre había querido y no pudo, derecho, hizo algo insólito a nivel legislativo. Algo que no se ha hecho hasta entonces: una reunión a tres bandas entre poder judicial, administrativo y vecinal para dotar de soluciones a un caso con previa sentencia por delito. “Fiscalía, Ayuntamiento de Málaga y nuestra asociación hablamos durante un par de horas, en las que el Fiscal se comprometió a esperar dos años más, gracias a la garantía del Ayuntamiento de que el diseminado está en proceso de regularización, a las pruebas presentadas de habitabilidad y la espera de una respuesta ante la impugnación del PGOU. Hemos conseguido que Locota no sea un asentamiento en Sistema Asimilado Fuera de Ordenación (SAFO) en el que todas las casas con expediente deberían ser demolidas y permanecerían solo las construidas antes del año 89. Hemos conseguido que este hábitat rural se considerado una irregularidad, debido a las circunstancias en las que estaba cuando surgió la LOUA 7/2002”, explica María del Mar orgullosa de las metas del vecindario.

Durante 12 años Luisa y su familia han peleado por seguir viviendo en su propia casa. Admitiendo el delito cometido, hacen lo imposible por convencer a las administraciones de que entre las consecuencias no debería estar la demolición, debido a las condiciones de este diseminado. Apoyándose entre los vecinos afectados y a través de la asociación, agotan todas las posibilidades para que se de la única solución: la regularización.  Hoy por hoy, y sabiendo que su casa aún no está salvada, Luisa afirma: “Yo nunca tiraré mi casa y antes de que me la tiren me amarro a ella. Simplemente porque pienso que no es justo. Por eso estoy haciendo esto, mover cielo y tierra para resolver la situación. Y si algún día me la tirasen, lo que tengo claro es que seguiré luchando para que el día de mañana mis hijas sí puedan tener una casa en este terreno”.

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