Política y economía

Recibir propaganda electoral y otros gastos

La nueva política (así, con minúsculas, que es lo que demuestra cada día más merecer), se ha lanzado ahora al ahorro. Años de manifestarse contra recortes (muchas veces inexistentes) para ahora lanzarse como abanderados del déficit democrático.

19.06.2016 @fcovargas 7 minutos

Uno de los principales peligros para los derechos que conlleva el vivir en un sistema democrático es el de los argumentos materiales o materialistas. No desde un punto de vista del materialismo científico, incompatible con la democracia liberal, sino desde el punto de vista del gasto económico que supone el enfrentarse a unas nuevas elecciones. Y no me refiero a la repetición de las actuales, sino a las múltiples decisiones democráticas que, a pesar de los críticos que se quejan de que los ciudadanos tienen pocas oportunidades de participación, tenemos los ciudadanos que tomar.

A pesar de que pueda parecer un argumento nuevo por la crisis económica que padecemos, lo cierto es que lo que es realmente novedoso es la especial virulencia argumental de los críticos del sistema. Argumentos económicos contra la democracia siempre ha habido. Es la crisis lo que hace que esos argumentos lleguen a colarse en la agenda mediática y política con relevancia suficiente como para suponer un peligro a la estabilidad democrática.

Como comentaba en el artículo anterior, la democracia y, por ende, sus derechos, hay que pelearlos día a día, puesto que no son derechos naturales del ser humano. La democracia, insisto, es un sistema inventado por los hombres en busca de la convivencia pacífica, puesto que para resolver conflictos de intereses siempre han existido otros métodos mucho más expeditivos y el del consenso y la cesión mediante la negociación no han sido los habituales. Por lo tanto, como derechos a conquistar todos los días, hay que dotarles de recursos. Si no, se convertirán en papel mojado. Otra utopía más imposible de alcanzar. ¿Alguien se imagina que la educación o la sanidad serían derechos efectivos sin una dotación oportuna de recursos, públicos o privados? Nadie puede imaginar que la salud no cueste recursos, bien en prevención, bien en solucionar los problemas que puedan acaecer durante nuestra vida. Con la democracia ocurre lo mismo. Y no es una cuestión baladí porque si empezamos a dudar de esto, de qué es lo importante y necesario, es fácil que se desplome todo como un castillo de naipes.

La nueva política (así, con minúsculas, que es lo que demuestra cada día más merecer), se ha lanzado ahora al ahorro. Años de manifestarse contra recortes (muchas veces inexistentes) para ahora lanzarse como abanderados del déficit democrático. Ver para creer. ¿Y en qué consiste este ahorro? Básicamente, en atacar lo que se considera un gasto innecesario, dando por hecho que somos libres y que estamos bien informados. y nada más lejos de la realidad. Por no hablar de que este posicionamiento también presupone que el ciudadano medio es políticamente proactivo. Cosas de los políticos, los viejos y los nuevos, que creen que el mundo gira alrededor de ellos y no hay nada más allá en las ocupaciones ciudadanas o que, al menos, no debería haberlo.

¿Y qué es lo que se pone en duda como derecho con estos argumentos materiales o materialistas? Los principales ataques los reciben: lo que reciben los partidos como recompensa electoral; el gasto en las campañas electorales; el gasto en la entrega por correo de la propaganda electoral (papeletas incluías) en los buzones de los ciudadanos; y el gasto en personal derivado de la jornada electoral (y también jornadas extraordinarias los días previos como, por ejemplo, los del servicio de correos). Desglosemos uno a uno porque es cierto que no todos estos gastos son iguales aunque sí tienen sus fundamentos.

¿Deben los partidos recibir dinero público para financiar su actividad en función de sus resultados electorales? Lo cierto es que, nos guste más o nos guste menos, la Constitución proclama a los partidos políticos como los principales agentes sobre los que se vehicula la actividad política. No las personas a título individual, no la sociedad civil, sino los partidos políticos. Éste es un protagonismo que los propios partidos han sabido defender muy bien durante la andadura democrática, hasta el punto de fagocitar la vida social casi por completo. Nada ocurre fuera de la órbita de los partidos (grandes y pequeños) y, si parece que es así, ya acuden prestos a poner las cosas en su sitio (el suyo). Esto es fácilmente confundible con la necesidad de aportar recursos a esta labor social, y así debería ser en base a todo mi razonamiento anterior, pero no olvidemos que no se trata de gastar por gastar, sino de saber gastar eficientemente. Los partidos, como su propia etimología indica, son parte y no el interés general. Si cualquier otro colectivo social o sin ánimo de lucro (no digamos ya los con ánimo de lucro) se sustentan con sus propios recursos, ¿por qué no los partidos políticos? Esto tiene muchas explicaciones, que darían para otro artículo, pero baste decir de momento que su base funcionarial (hay que sufragarlos porque son necesarios, pero deficitarios por naturaleza) y la ineficiencia de estas organizaciones, unido a que son los partidos quienes controlan las reglas del juego y el presupuesto, han llevado a esta situación de gasto incontrolado. Gasto sí, pero no tiene por qué ser público, ni de cualquier manera. Sólo es justificable desde el punto de vista de que hemos renunciado a nuestra propia representación política y, como tantas cosas en nuestra vida, hemos delegado en terceras entidades a las que luego no fiscalizamos como deberíamos por la importancia de lo delegado.

Pero la palma de las críticas por el gasto se la lleva siempre el gasto en propaganda. Claro, dicho así parece que hemos estado tirando el dinero durante años proceso electoral tras proceso electoral. Propaganda. La propaganda, desde el punto de vista de la comunicación es el equivalente del garbanzo negro en el cocido o el familiar del que todos nos avergonzamos. Pero, ¿es propaganda lo que estamos pagando con dinero público? No voy a entrar en la calidad de las campañas de comunicación de los partidos políticos, muchas veces voluntaristas y de escasa calidad. Parémonos a reflexionar sobre la labor que estas campañas hacen. Renunciando a ellas, estamos renunciando a uno de nuestros derechos democráticos, que es el derecho a estar informados de cuáles son las distintas opciones que tenemos para que rijan nuestras vidas. Es importante lo que decidimos en cada elección, ya que cada vez hemos ido cediendo más parcelas de nuestra vida a los gestores públicos, por lo que deberíamos estar cuanto más informados, mejor. Exijamos estar informados y además BIEN informados. Éste, y no otro, es el verdadero gasto: la escasa calidad de las campañas. Nos toman por tontos y nosotros nos dejamos tomar por tales para luego poder decir que nos han engañado. Fariseísmo nacional.

El nuevo fichaje en las molestias democráticas parece ser el del de las papeletas de los partidos a casa de los ciudadanos. Está estrechamente vinculado con el anterior, puesto que suelen llegar a la par, pero su fundamento es distinto. No se trata en este caso de defender el derecho a elegir estando debidamente informados, sino de defender la libertad de nuestro sufragio. Una vez perdida por parte de los políticos la batalla de la propaganda (aunque, en realidad, como ya he explicado, los derrotados somos los propios ciudadanos), el gasto que se considera menos relevante es el del envío de papeletas a los buzones de los ciudadanos. Nuevamente nos encontramos en una de esas ocurrencias urbanas de niños bien. ¿Qué derecho estamos pisoteando de esta manera? El derecho a votar libremente y en secreto. Y son dos cosas que son inseparables. Puedo ejercer mi voto en secreto o no por elección personal, pero de lo que no tenemos que tener ninguna duda es de que el voto es libre si tenemos derecho a que sea secreto, si no, no lo es. La brigada de la porra, los ultras analfabetos e intransigentes moran por doquier (especialmente durante la jornada electoral y en el partido que se autodenomina de las personas) y es la posibilidad de ejercer mi voto de forma secreta la que nos permite votar en conciencia y no por miedo o presión social (o física, que de todo hay). España es así. Las papeletas en mi casa son mi garantía de que votaré a quien quiera y esto no es cuantificable en dinero. Bueno, sí lo es, ya hay quien lo está haciendo, y así nos va.

Además, hay que poner en perspectiva lo relativo de todos estos gastos. En relación al PIB, el gasto electoral ronda en proporción el 0,01%. No estamos ante un gasto estructural, es decir, no es que este gasto (extraordinario en el caso de la repetición electoral) haya que soportarlo siempre y en todos los presupuestos. Y a veces (en el caso de elecciones autonómicas) es incluso menor que cuando hay que movilizar a toda la ciudadanía. Entonces, ¿por qué nos quejamos? No cabe duda que el descontento es tal que ya estamos en esa fase del cabreo en la que no razonamos. Pero esto no debe hacernos perder el foco de lo realmente importante. Si lo que queremos es un sistema político más barato, ahí están las dictaduras. Son más económicas, pero el coste en derechos huelga decir que es incuantificable. ¿A quién interesa esta crítica del gasto electoral? Obviamente, a los aspirantes al trono. Si no se creen capaces de competir por arriba, hagamos bajar a nuestro terreno a los ya no tan grandes. En realidad es una cuestión de prisas y de atajos. De ya están aquí las elecciones y hay que ganarlas ahora o nunca. Por el camino se quedan los derechos de los ciudadanos a estar informados, a votar libremente y en secreto y a que sus representantes puedan ejercer su labor de forma digna. Pero esto parece que ya no es lo importante. Hasta este punto nos hemos dejado degradar como ciudadanos.

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